Ciudad de México.- La diputada Marta Dekker Gómez planteó reformar la Ley Agraria en materia de mujeres rurales y tenencia de la tierra, con el fin de cerrar brechas de desigualdad y ayudar a que obtengan derechos de propiedad.
La iniciativa agrega a la lista de herederos para los derechos agrarios a una de las hijas. En la actualidad, la ley señala que se transmitirán al cónyuge, concubina, concubinario, o hijos.
Agrega que en caso de ausencia del ejidatario debido a migración territorial o que tenga el estatus de persona migrante desaparecida, se entiende nombrado como su representante legal con facultades generales para actos de administración, participación con voz y voto en la asamblea; acceso a créditos y programas a los que tiene derecho el titular de la tierra, a la persona que corresponda su transmisión.
El documento expone que la migración de los hombres en busca de mejores condiciones de vida, ha dejado en el abandono las tierras, fenómeno que genera interés o las obliga a trabajar en la producción rural para sostener a su familia, incluso haciendo frente al desinterés por parte de la juventud y al rechazo de la sociedad al considerar esta actividad propia del género masculino.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), seis de cada 10 mujeres rurales (62.1 por ciento) están en situación de pobreza, más de tres millones son pobres extremos y 5.5 son millones pobres moderadas, cifras que dimensionan la vulnerabilidad de la mujer rural y la desigualdad que sufren.
Además, enfrentan situaciones de despojo de tierra por sus esposos o parejas, se les niegan créditos al no tener la titularidad o no pueden participar en la toma de decisiones de asambleas ejidales, lo que complica que puedan salir de su situación de pobreza, acceder a otros medios de producción modernos y obtener autonomía económica.
La iniciativa ayudaría a subsanar las observaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW) de 2018, que resalta la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración.
